Con decisión
política, el Gobierno Nacional dejó atrás la época en la que el acceso a
servicios de salud era un privilegio al que pocas personas privadas de libertad
podían aspirar. Ahora, a través de los ministerios de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos y de Salud Pública, este derecho constitucional asume un
carácter integral y está orientado a la prevención y a la curación.
A partir de
junio del 2014, la Cartera de Salud asume la total competencia para la
provisión de servicios de salud y atención médica a las personas privadas de
libertad (PPL), así como el abastecimiento y el stock de medicamentos.
Para tomar esta responsabilidad, el Ministerio de
Salud desarrolla y aplica el modelo de gestión de servicios de salud en
contextos penitenciarios, con el propósito de garantizar el acceso al derecho a
la salud de las personas privadas de libertad, así como la puesta en
funcionamiento y evaluación de este servicio, al interior de los centros de
privación de libertad
Con la puesta en marcha de unidades de salud al
interior de los centros de rehabilitación social regionales, se efectuaron
cerca de 400 cirugías de baja y mediana complejidad, se atendieron más de 30
mil consultas ambulatorias y se evitaron cerca de 3.500 traslados de personas
privadas de libertad a clínicas y hospitales.
Esta iniciativa
se contempla en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permite mejorar la
atención médica, desarrollar políticas de protección para la población
penitenciaria y reforzar los niveles de seguridad tanto al interior de los CRS
como la seguridad ciudadana.
0 comentarios:
Publicar un comentario