A través de mesas de trabajo, el Ministerio de Justicia rindió cuentas de su gestión 2014

Conforme lo establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, rindió cuentas de la gestión 2014 a la ciudadanía, a través de cuatro mesas de trabajo integradas por ciudadanas, ciudadanos, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

Las mesas fueron estructuradas de acuerdo a los ejes de gestión de esta Cartera de Estado. Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rehabilitación Social y Modelo de Atención para Adolescentes Infractores y Género.

En la mesa de Justicia, las y los ciudadanos analizaron los logros alcanzados mediante los proyectos de Prevención de Drogas y el fortalecimiento de los factores protectores frente al uso y consumo de drogas ilícitas, en adolescentes infractores, cuyos beneficiarios ascienden a 1400.

Mediante el programa Educando Familias, orientado al desarrollo de factores protectores frente al uso y consumo de drogas y la violencia intrafamiliar y dirigido a internos y familiares del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional, se benefició a 300 personas.

Y a través de la participación estudiantil y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se formó a 2.000 líderes estudiantiles. Adicionalmente los partícipes de la Mesa de Justicia, conocieron además el trabajo efectuado por la Dirección de Respuesta Judicial, que en 2014 atendió a 990 casos.

Ciudadanas y ciudadanos que conformaron la Mesa de Derechos Humanos, analizaron el cumplimiento de las sentencias dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que son las únicas resoluciones de carácter resolutivo y de obligatorio cumplimiento. En este sentido, el Ministerio pagó en 2014, cerca de 30 millones de dólares por concepto de medidas indemnizatorias determinadas por la CorteIDH.

Uno de los hitos destacados en esta mesa de rendición de cuentas fue el acto de disculpas públicas que efectuó a nombre del Estado, la ministra Ledy Zúñiga, al Pueblo Originario Quichua de Sarayaku, en respuesta a la violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural, violación del derecho a la consulta, por haber puesto, gravemente, en riesgo la vida e integridad personal; y, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los mismos que se suscitaron entre los años 1996 y 2005.

Además, se conoció que el Estado ratificó su compromiso con afectados por las fumigaciones en la frontera norte, por lo que se ha indemnizado a más de 4.000  familias de Esmeraldas y Sucumbíos.

Respecto de la Plataforma SI DERECHOS, herramienta digital que desarrolló esta Cartera de Estado en cumplimento de los compromisos, voluntariamente, adquiridos por el Estado ecuatoriano, ante el Consejo de Derechos Humanos, durante la Evaluación Periódica Universal de 2012, la ciudadanía conoció que este mecanismo permite democratizar y ampliar el conocimiento sobre derechos humanos, a través del acceso a todos los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.

El Ministerio trabaja además en la difusión masiva de los derechos fundamentales, y brinda atención  a la ciudadanía a través de tres oficinas a escala nacional, las cuales están organizadas regionalmente en Quito, Azogues y Guayaquil. Así también las acciones llegan a todo el país a través de las Ferias Ciudadanas de los gabinetes itinerantes, convocados desde la Presidencia de la República, así como los gabinetes provinciales. Se atendieron aproximadamente  8 179 casos (asesoría legal y psicológica).

Además existe una coordinación interinstitucional para la aplicación y seguimiento de la política pública que busca proteger de manera integral a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Para fortalecer la aplicación de esta política, el Ministerio de Justicia, equipó la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane (ZITT), efectuó 310 Patrullajes terrestres, aéreos  y fluviales hacia comunidades ubicadas dentro de la ZITT, así como el acompañamientos a brigadas médicas, la capacitación a personal de Petroamazonas EP (450 personas) y la firma del Convenio Interinstitucional entre esta Cartera de Estado y  la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

Respecto de la Mesa de Género, Eva Cevallos, de la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Humano que opera dos centros de atención a sobrevivientes de violencia en Guayaquil y Durán, participó en esta mesa temática, y afirmó que en este espacio tuvo la oportunidad de escuchar sobre la gestión y los avances del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. Conoció los ejes cumplidos y los desafíos frente a las brechas que deben cumplirse.

“Es necesario involucrar a otros actores para que la prevención llegue a los lugares más alejados, es decir, que sean los miembros de las comunidades quienes trabajen con visiones de campañas generalizadas y focalizadas para sensibilizar a los ciudadanos; las personas que integramos el nuevo Plan estamos conscientes de que se debe avanzar pero como una construcción participativa”, dijo.

Entre los integrantes de la mesa de Rehabilitación Social, estuvo Rosa Espín, una ciudadana que tiene a su hijo en el CRS Regional Cotopaxi. “Me vine a empapar sobre los beneficios de Ley; esta tarde expliqué mi caso porque quiero luchar por su libertad, pero sé que para ello debo tener claro cuáles son los beneficios para que mi hijo siga involucrándose en actividades de rehabilitación y pueda estar con su esposa y su familia”, añadió.

Ministerio de Justicia y Onu Mujeres fortalecen lucha ecuatoriana por la igualdad de género

En el marco de su primera visita oficial al Ecuador, Luiza Carvalho, representante de Onu Mujeres para Latinoamérica y el Caribe se reunió con Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En el encuentro, intercambiaron propuestas para fortalecer las políticas orientadas a  consolidar la igualdad de género.

En este encuentro, Ledy Zúñiga, informó a la representante de Onu Mujeres, sobre la suscripción del Acuerdo Nacional para transversalizar la política pública orientada consolidar la igualdad entre hombres y mujeres.

Señaló además el trabajo efectuado por las distintas funciones del Estado. “La Asamblea Nacional dio a los ecuatorianos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, que establece sanciones a los delitos de violencia contra la mujer, y además tipifica el femicidio, que es la muerte de la mujer por su condición de género”.

Zúñiga se refirió también a la implementación de unidades especializadas que cuentan con administradores de justicia capacitados desde un enfoque de derechos y protección a la víctima, por parte de la Función Judicial. Y la Función Ejecutiva trabaja en la protección y reparación integral a los derechos de víctimas a través de casas de acogida y centros de atención a escala nacional, donde se brinda atención psicológica y legal.

En cuanto al matrimonio de niños y niñas, la titular de Justicia puso en conocimiento de Carvalho las reformas al Código Civil, que establece los 18 años como edad legal para que hombres y mujeres contraigan matrimonio.

Por su parte, Carvalho destacó los logros alcanzados por el Ecuador en materia de participación pública y política de la mujer. “Su país junto a Chile, Argentina y Costa Rica se destacan en la Región por la apertura que tienen las mujeres en espacios y cargos políticos y de decisión”. Carvalho señaló como ejemplo de la participación femenina ecuatoriana, la conformación de la Asamblea Nacional cuyo 42% son mujeres. Además dicho organismo está liderado por tres mujeres.

Adicionalmente, la Directora Regional de Onu Mujeres informó que “93 de cada 100 mujeres en los países de la Unión de Naciones Suramericanas acceden a la educación básica”. E  insistió en que una dimensión clave de bienestar de las mujeres e igualdad de género es el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Al concluir, Zúñiga reafirmo el compromiso gubernamental para  consolidar al Ecuador  como una sociedad libre de discriminación y violencia contra la mujer e intrafamiliar, basada en  la igualdad y el ejercicio de los derechos.

Nuevos retos se plantearon durante II Encuentro Nacional de Organizaciones de Mujeres

Representantes de la Red de Centros de Atención y Casas de Acogida para víctimas de violencia de género e intrafamiliar presentaron a Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el Segundo Encuentro Nacional, efectuado en Quito los días 23, 24 y 25 de marzo de 2015.

Garantizar el enfoque de derechos humanos y de género en las acciones que se pongan en marcha desde el Plan de Erradicación de la Violencia, liderado por esta Cartera de Estado, incorporar la participación de los movimientos de mujeres que trabajan en territorio y de la sociedad civil, así como, desarrollar mesas temáticas en las localidades, con la participación activa de gobiernos locales y autoridades nacionales, fueron algunas de las conclusiones que en consenso se expusieron este miércoles 25 de marzo de 2015.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de Justicia, esta iniciativa conjunta permite democratizar los acuerdos, protocolos y decisiones que se ejecutan desde la Red de Atención, en beneficio de mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

“Tenemos aún muchas cosas por hacer y para ello cuentan con todo nuestro apoyo. Para la actualización de los ejes del Plan, es importante que lo construyamos juntos, Estado y organizaciones civiles que por décadas han asumido la noble y dura tarea de brindar atención y acogida a mujeres y familias víctimas de la violencia”, señaló Zúñiga Rocha.

Durante la clausura de este encuentro de organizaciones de mujeres, Zúñiga propuso a las delegadas de los 19 centros y las cinco casas de acogida, un próximo encuentro para realizar en conjunto un análisis de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto de las conductas penales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y el femicidio.

Este espacio ciudadano permitirá discutir las dificultades y proponer procesos que aporten a la sanción del infractor y a la efectiva reparación y reinserción de la víctima.

“Me comprometo a generar este encuentro e incluir a representantes de la Función Judicial, para que sean ustedes, las personas que a diario conviven y conocen casos de violencia quienes transmitan a las y los operadores de justicia sus observaciones y sugerencias, a fin de sensibilizar y mejorar la provisión oportuna de servicios judiciales en estos casos específicos”.

Por su parte, Marlene Villavicencio, directora Ejecutiva de la Fundación María Amor, agradeció a nombre de la Red de centros y casas al equipo del Ministerio de Justicia. “Gracias por la apertura permanente, por tomar en cuenta e incluir nuestras experiencias en el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la eliminación de la violencia y la discriminación que afecta a mujeres, niñez y adolescencia”.

El primer encuentro de la Red de Atención se efectuó en septiembre del 2014, un mes después de que el Ministerio de Justicia asumiera la presidencia de la Comisión Interinstitucional que tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al Decreto Presidencial 438, mismo que establece directrices para la prevención y erradicación de la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres.

Unasur y Onumujeres delinean directrices con enfoque de género para la Región

Este 26 y 27 de marzo del 2015, en la Sede de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), se desarrolló la Primera Reunión de Alto Nivel que busca establecer una agenda que defina indicadores y criterios técnicos que garanticen el enfoque de género en los países que conforman Unasur.

En este encuentro internacional organizado por Unasur y ONU Mujeres, participó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien celebró esta iniciativa que ratifica la importancia del trabajo conjunto con miras al fortalecimiento de las políticas públicas que buscan consolidar la igualdad de género y derechos humanos de las mujeres de la Región.

“Pensar desde nuestro Sur, en construir sociedades basadas en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, no es un asunto de minorías, sino un tema sustancial que involucra a todas y todos”, aseveró Ledy Zúñiga durante su intervención.

La titular de Justicia destacó algunos de los proyectos que se ejecutan en el Ecuador con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad. Para transformar los patrones culturales que justifican la discriminación y violencia contra la mujer, en los ámbitos público y privado, esta Cartera de Estado impulsa la campaña edu-comunicacional “Infórmate, Habla, Actúa. Menos violencia, más Ecuador”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía en el reconocimiento de las distintas formas de violencia y motivar su denuncia.

Mencionó además la conformación y fortalecimiento de la Red de Centros de Atención y Casas de Acogida que brinda atención integral, asistencia legal gratuita y ofrecen albergue temporal a mujeres víctimas de violencia extrema, cuya vida está en inminente riesgo.

“Consolidar una Región equitativa, ya no es el sueño de unas pocas mujeres, sino la esperanza de millones de personas que han hecho frente al orden económico mundial capitalista y patriarcal, que ha invisibilizado el trabajo doméstico y su aporte a la economía de los países, que comercializa los cuerpos de las mujeres y sostiene las redes delincuenciales de trata y crimen organizado”.

Ledy Zúñiga hizo énfasis en el papel preponderante que tiene Unasur en la lucha por la igualdad y no discriminación, así como los mecanismos inclusivos planteados por el Gobierno ecuatoriano, en beneficio de sectores de mujeres históricamente olvidados.

“En nuestro país se han planteado metas ambiciosas como la incorporación a la seguridad social de un millón y medio de mujeres que trabajan como amas de casa y cuyo trabajo recientemente evaluado representa un 15% del Producto Interno Bruto”, señaló Zúñiga Rocha.

“Gracias hombres y mujeres de nuestro Sur, por venir hasta el Paralelo Cero, hasta esta Línea Equinoccial que no divide, sino suma voluntades a favor de la igualdad y no discriminación”, concluyó la Ministra de Justicia.

Esta Reunión de Alto Nivel contó además con la presencia y participación de Ernesto Samper, secretario General de Unasur, Luiza Carvalho, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en Ecuador, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, así como autoridades, expertas y expertos de la Región y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Por segundo año consecutivo el Ministerio de Justicia integró en campamentos vacacionales a hijos e hijas de PPL

Con el objetivo de integrar a los niños, niñas y familiares de las personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación social (CRS) de Guayas, en actividades extracurriculares una vez culminado su año escolar, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Gobierno Provincial inauguraron el Campamento Vacacional 2015.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de la Cartera de Justicia, esta iniciativa gubernamental fortalece los vínculos familiares de las y los internos, pilar importante en la aplicación de procesos orientados a su rehabilitación y posterior reinserción social.

Con un mes de anticipación y con gran acogida ciudadana se realizaron las inscripciones en los CRS de Guayas. En total 500 niños y niñas se integraron a estos cursos vacacionales que cuentan con el apoyo interinstitucional de la Prefectura del Guayas, Parque Samanes y la academia Music Time.

En este campamento vacacional, los niños, niñas y adolescentes participaron en actividades lúdicas, culturales y deportivas como fútbol, karate, bailoterapia. Las jornadas vacacionales iniciaron el pasado lunes 9 de marzo en un horario de 09h00 a 12h00 e integraron a familiares de PPL de CRS Regional Guayas, Expenitenciaría del Litoral y CRS Femenino.

Los ecuatorianos somos los principales veedores de la consolidación de una nueva justicia

La justicia es la búsqueda del bien común y el pilar de las sociedades que viven en democracia, sin embargo, en nuestro país, por décadas fuimos testigos silenciosos de cómo este concepto fue degradado y despojado de cualquier sentido social.

La justicia se convirtió en sinónimo de inequidad o en lujo de unos pocos que tenían capacidad adquisitiva o relaciones políticas. Por ello, el Gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el reto de repensar y transformar la justicia, recuperar sus principales fundamentos y ponerlos al servicios de todos y todas.

Así, en mayo del 2011 la inmensa mayoría de ecuatorianos le dijo SI al cambio, anhelando dejar atrás aquella justicia ficticia que era la muestra más clara de la injusticia. Y en septiembre del 2012, conforme lo aprobado en el referéndum del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), convocó a la Veeduría Ciudadana para el proceso de selección de los cinco integrantes con sus respectivos suplentes para la conformación del Consejo de la Judicatura.

Y ya con un sistema judicial renovado y eficaz, con jueces probos, delegados mediante procesos transparentes y concursos públicos de méritos y oposición y operadores de justicia capacitados, la seguridad ciudadana se fortalece, el trabajo policial es más efectivo y una verdadera rehabilitación social es posible.

Pero para complementar este logro hacía falta un cuerpo penal claro y cohesionado, que establezca un nuevo modelo de justicia penal, que supere la caduca dispersión normativa y tipifique las nuevas conductas delictivas de afectación nacional, regional e incluso global, en concordancia con el pacto constitucional y basado en el respeto de los derechos humanos.

Así, en agosto del 2014, tras un arduo debate con varios sectores sociales, entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y el mismo 2014 se puso punto final a un capítulo de desidia y abandono, y por primera vez se visibilizó a las y los internos que embodegados como cosas tras muros de olvido purgaban sus condenas.

Con recursos públicos y compromiso total, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, emprendió la transformación del sistema penitenciario del país.

Así, los miles de hombres y mujeres que fueron trasladados a los nuevos y modernos centros regionales de Rehabilitación Social de Guayas, Cotopaxi y Turi, en Azuay dejaron de ser el centro de la crónica roja para pasar a ser prioridad en los planes y políticas públicas del Estado.

Un nuevo cuerpo penal no solo garantiza la seguridad jurídica y ciudadana de nuestro país, beneficia a cientos de personas que fueron sentenciadas por posesión y tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad (mulas de la droga),  quienes tras la respectiva audiencia, el exhaustivo análisis y la decisión de los jueces de garantías penitenciarias han obtenido su libertad, tras el cumplimiento de sus sentencias de acuerdo a lo establecido en el COIP.

Todos estos actos democráticos simbolizan el compromiso del Gobierno Nacional para sentar las bases de respeto absoluto a los derechos fundamentales y de una nueva justicia.

Y en este reto, el quehacer de las instituciones que conforman la Mesa de Justicia es fundamental. Ahora es posible desarrollar un trabajo coordinado, con el absoluto respeto a la independencia de los ámbitos de acción de cada entidad.

Los resultados de estos esfuerzos ahora son visibles. Con la puesta en marcha de acciones conjuntas, se logró disminuir significativamente el número de audiencias fallidas, del 29% en el 2012 al 4% en el 2014, pero estas cifras pese a ser optimistas no nos conforman y nos planteamos como meta llegar a menos del 2% de audiencias fallidas en el 2017.

Respecto de la caducidad de la prisión preventiva, tenemos resultados gratificantes. Mientras en 2008 hubo mas de 2000 caducidades, seis años después cerramos con 10 caducidades que representan el 1%.

Sin duda y ante la decepción de unos pocos nostálgicos del pasado que aunque les duela no pueden negar que son evidentes los resultados de la transformación de los servicios judiciales, hoy en Ecuador todos y todas tenemos derechos, y eso es Justicia.