Hasta hace poco en nuestro país la justicia era un simple concepto, era solo una utopía, una aspiración... y ante esa lamentable e innegable realidad, el Gobierno Nacional propuso al país una reestructuración profunda, para lo que fue necesario poner a disposición de las y los ecuatorianos un nuevo cuerpo constitucional, que reconoce y garantiza el respeto de los derechos fundamentales de sectores históricamente ignorados.
Pero la parte medular de la justicia no había sido tocada y se planteó un referéndum que tras recibir la aprobación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, permitió romper esa estructura que por décadas impidió el acceso real de los y las ciudadanas, a una respuesta concreta y oportuna de esa figura omnipresente llamada justicia.
Y para consolidar la transformación de los servicios judiciales, a fin de que en el Ecuador exista en la práctica diaria una justicia oportuna e igualitaria que era el anhelo general, hacía falta contar con un cuerpo legal claro y cohesionado, en que se establezca un nuevo modelo de justicia penal, que a más de superar la caduca dispersión normativa y tipifique nuevas conductas delictivas, en concordancia con el pacto constitucional, se base en el respeto de los derechos humanos y mire de manera integral el procesamiento de los hechos que los vulneran.
Sin duda es importante incorporar al catálogo de infracciones, conductas relevantes que no sólo afectan a la sana convivencia nacional, si no que tienen injerencia regional e incluso global, convirtiendo a la legislación penal en un instrumento que en concordancia con la Constitución de la República sea una herramienta eficaz al momento de combatir la impunidad y la inseguridad.
Por todo ello, en octubre del 2011, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Código Orgánico Integral Penal, propuesta que tras un profundo debate con varios sectores sociales fue aprobado por el Legislativo.
Producto de ese arduo trabajo de todos y todas quienes anhelamos un mejor Ecuador, este 10 de agosto de 2014, iniciamos una nueva etapa en la historia judicial ecuatoriana, con la entrada en vigencia de un cuerpo penal progresista y vanguardista, con cuya aplicación buscamos sancionar los delitos más graves, y a sus autores, optimizar los tiempos procesales, garantizar la protección de los derechos tanto de víctimas directas y colaterales, así como de los imputados, además de la administración de verdaderos procesos de rehabilitación social que certifiquen a la sociedad la disminución de reincidencia delictiva y de inseguridad.
Ledy Zúñiga Rocha,
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
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