La
justicia es la búsqueda del bien común y el pilar de las sociedades que viven
en democracia, sin embargo, en nuestro país, por décadas fuimos testigos silenciosos
de cómo este concepto fue degradado y despojado de cualquier sentido social.
La
justicia se convirtió en sinónimo de inequidad o en lujo de unos pocos que
tenían capacidad adquisitiva o relaciones políticas. Por ello, el Gobierno de
la Revolución Ciudadana asumió el reto de repensar y transformar la justicia,
recuperar sus principales fundamentos y ponerlos al servicios de todos y todas.
Así,
en mayo del 2011 la inmensa mayoría de ecuatorianos le dijo SI al cambio,
anhelando dejar atrás aquella justicia ficticia que era la muestra más clara de
la injusticia. Y en septiembre del 2012, conforme lo aprobado en el referéndum
del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs),
convocó a la Veeduría Ciudadana para el proceso de selección de los cinco
integrantes con sus respectivos suplentes para la conformación del Consejo de
la Judicatura.
Y
ya con un sistema judicial renovado y eficaz, con jueces probos, delegados
mediante procesos transparentes y concursos públicos de méritos y oposición y
operadores de justicia capacitados, la seguridad ciudadana se fortalece, el
trabajo policial es más efectivo y una verdadera rehabilitación social es
posible.
Pero
para complementar este logro hacía falta un cuerpo penal claro y cohesionado,
que establezca un nuevo modelo de justicia penal, que supere la caduca
dispersión normativa y tipifique las nuevas conductas delictivas de afectación
nacional, regional e incluso global, en concordancia con el pacto
constitucional y basado en el respeto de los derechos humanos.
Así, en
agosto del 2014, tras un arduo debate con varios sectores sociales, entró en
vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y el mismo 2014 se puso
punto final a un capítulo de desidia y abandono, y por primera vez se
visibilizó a las y los internos que embodegados
como cosas tras muros de olvido purgaban sus condenas.
Con recursos públicos y compromiso total, el presidente de la República,
Rafael Correa Delgado, emprendió la transformación del sistema penitenciario
del país.
Así, los miles de hombres y mujeres que fueron trasladados a los nuevos
y modernos centros regionales de Rehabilitación Social de Guayas, Cotopaxi y
Turi, en Azuay dejaron de ser el centro de la crónica roja para pasar a ser
prioridad en los planes y políticas públicas del Estado.
Un
nuevo cuerpo penal no solo garantiza la seguridad jurídica y ciudadana de
nuestro país, beneficia a cientos de personas que fueron sentenciadas por
posesión y tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad (mulas
de la droga), quienes tras la respectiva
audiencia, el exhaustivo análisis y la decisión de los jueces de garantías
penitenciarias han obtenido su libertad, tras el cumplimiento de sus sentencias
de acuerdo a lo establecido en el COIP.
Todos
estos actos democráticos simbolizan el compromiso del Gobierno Nacional para
sentar las bases de respeto absoluto a los derechos fundamentales y de una
nueva justicia.
Y
en este reto, el quehacer de las instituciones que conforman la Mesa de
Justicia es fundamental. Ahora es posible desarrollar un trabajo coordinado,
con el absoluto respeto a la independencia de los ámbitos de acción de cada
entidad.
Los
resultados de estos esfuerzos ahora son visibles. Con la puesta en marcha de
acciones conjuntas, se logró disminuir significativamente el número de
audiencias fallidas, del 29% en el 2012 al 4% en el 2014, pero estas cifras
pese a ser optimistas no nos conforman y nos planteamos como meta llegar a
menos del 2% de audiencias fallidas en el 2017.
Respecto
de la caducidad de la prisión preventiva, tenemos resultados gratificantes.
Mientras en 2008 hubo mas de 2000 caducidades, seis años después cerramos con
10 caducidades que representan el 1%.
Sin
duda y ante la decepción de unos pocos nostálgicos del pasado que aunque les
duela no pueden negar que son evidentes los resultados de la transformación de
los servicios judiciales, hoy en Ecuador todos y todas tenemos derechos, y eso
es Justicia.
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