Conforme lo establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, rindió cuentas de la gestión 2014 a la ciudadanía, a través de cuatro mesas de trabajo integradas por ciudadanas, ciudadanos, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
Las mesas fueron estructuradas de acuerdo a los ejes de gestión de esta Cartera de Estado. Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rehabilitación Social y Modelo de Atención para Adolescentes Infractores y Género.
En la mesa de Justicia, las y los ciudadanos analizaron los logros alcanzados mediante los proyectos de Prevención de Drogas y el fortalecimiento de los factores protectores frente al uso y consumo de drogas ilícitas, en adolescentes infractores, cuyos beneficiarios ascienden a 1400.
Mediante el programa Educando Familias, orientado al desarrollo de factores protectores frente al uso y consumo de drogas y la violencia intrafamiliar y dirigido a internos y familiares del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional, se benefició a 300 personas.
Y a través de la participación estudiantil y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se formó a 2.000 líderes estudiantiles. Adicionalmente los partícipes de la Mesa de Justicia, conocieron además el trabajo efectuado por la Dirección de Respuesta Judicial, que en 2014 atendió a 990 casos.
Ciudadanas y ciudadanos que conformaron la Mesa de Derechos Humanos, analizaron el cumplimiento de las sentencias dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que son las únicas resoluciones de carácter resolutivo y de obligatorio cumplimiento. En este sentido, el Ministerio pagó en 2014, cerca de 30 millones de dólares por concepto de medidas indemnizatorias determinadas por la CorteIDH.
Uno de los hitos destacados en esta mesa de rendición de cuentas fue el acto de disculpas públicas que efectuó a nombre del Estado, la ministra Ledy Zúñiga, al Pueblo Originario Quichua de Sarayaku, en respuesta a la violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural, violación del derecho a la consulta, por haber puesto, gravemente, en riesgo la vida e integridad personal; y, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los mismos que se suscitaron entre los años 1996 y 2005.
Además, se conoció que el Estado ratificó su compromiso con afectados por las fumigaciones en la frontera norte, por lo que se ha indemnizado a más de 4.000 familias de Esmeraldas y Sucumbíos.
Respecto de la Plataforma SI DERECHOS, herramienta digital que desarrolló esta Cartera de Estado en cumplimento de los compromisos, voluntariamente, adquiridos por el Estado ecuatoriano, ante el Consejo de Derechos Humanos, durante la Evaluación Periódica Universal de 2012, la ciudadanía conoció que este mecanismo permite democratizar y ampliar el conocimiento sobre derechos humanos, a través del acceso a todos los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.
El Ministerio trabaja además en la difusión masiva de los derechos fundamentales, y brinda atención a la ciudadanía a través de tres oficinas a escala nacional, las cuales están organizadas regionalmente en Quito, Azogues y Guayaquil. Así también las acciones llegan a todo el país a través de las Ferias Ciudadanas de los gabinetes itinerantes, convocados desde la Presidencia de la República, así como los gabinetes provinciales. Se atendieron aproximadamente 8 179 casos (asesoría legal y psicológica).
Además existe una coordinación interinstitucional para la aplicación y seguimiento de la política pública que busca proteger de manera integral a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Para fortalecer la aplicación de esta política, el Ministerio de Justicia, equipó la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane (ZITT), efectuó 310 Patrullajes terrestres, aéreos y fluviales hacia comunidades ubicadas dentro de la ZITT, así como el acompañamientos a brigadas médicas, la capacitación a personal de Petroamazonas EP (450 personas) y la firma del Convenio Interinstitucional entre esta Cartera de Estado y la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).
Respecto de la Mesa de Género, Eva Cevallos, de la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Humano que opera dos centros de atención a sobrevivientes de violencia en Guayaquil y Durán, participó en esta mesa temática, y afirmó que en este espacio tuvo la oportunidad de escuchar sobre la gestión y los avances del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. Conoció los ejes cumplidos y los desafíos frente a las brechas que deben cumplirse.
“Es necesario involucrar a otros actores para que la prevención llegue a los lugares más alejados, es decir, que sean los miembros de las comunidades quienes trabajen con visiones de campañas generalizadas y focalizadas para sensibilizar a los ciudadanos; las personas que integramos el nuevo Plan estamos conscientes de que se debe avanzar pero como una construcción participativa”, dijo.
Entre los integrantes de la mesa de Rehabilitación Social, estuvo Rosa Espín, una ciudadana que tiene a su hijo en el CRS Regional Cotopaxi. “Me vine a empapar sobre los beneficios de Ley; esta tarde expliqué mi caso porque quiero luchar por su libertad, pero sé que para ello debo tener claro cuáles son los beneficios para que mi hijo siga involucrándose en actividades de rehabilitación y pueda estar con su esposa y su familia”, añadió.
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