Con el objetivo de integrar a los niños, niñas y familiares de las personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación social (CRS) de Guayas, en actividades extracurriculares una vez culminado su año escolar, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Gobierno Provincial inauguraron el Campamento Vacacional 2015.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de la Cartera de Justicia, esta iniciativa gubernamental fortalece los vínculos familiares de las y los internos, pilar importante en la aplicación de procesos orientados a su rehabilitación y posterior reinserción social.

Con un mes de anticipación y con gran acogida ciudadana se realizaron las inscripciones en los CRS de Guayas. En total 500 niños y niñas se integraron a estos cursos vacacionales que cuentan con el apoyo interinstitucional de la Prefectura del Guayas, Parque Samanes y la academia Music Time.

En este campamento vacacional, los niños, niñas y adolescentes participaron en actividades lúdicas, culturales y deportivas como fútbol, karate, bailoterapia. Las jornadas vacacionales iniciaron el pasado lunes 9 de marzo en un horario de 09h00 a 12h00 e integraron a familiares de PPL de CRS Regional Guayas, Expenitenciaría del Litoral y CRS Femenino.

campamentos vacacionales

Por segundo año consecutivo el Ministerio de Justicia integró en campamentos vacacionales a hijos e hijas de PPL

Con el objetivo de integrar a los niños, niñas y familiares de las personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación social (CRS) de Guayas, en actividades extracurriculares una vez culminado su año escolar, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Gobierno Provincial inauguraron el Campamento Vacacional 2015.

Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de la Cartera de Justicia, esta iniciativa gubernamental fortalece los vínculos familiares de las y los internos, pilar importante en la aplicación de procesos orientados a su rehabilitación y posterior reinserción social.

Con un mes de anticipación y con gran acogida ciudadana se realizaron las inscripciones en los CRS de Guayas. En total 500 niños y niñas se integraron a estos cursos vacacionales que cuentan con el apoyo interinstitucional de la Prefectura del Guayas, Parque Samanes y la academia Music Time.

En este campamento vacacional, los niños, niñas y adolescentes participaron en actividades lúdicas, culturales y deportivas como fútbol, karate, bailoterapia. Las jornadas vacacionales iniciaron el pasado lunes 9 de marzo en un horario de 09h00 a 12h00 e integraron a familiares de PPL de CRS Regional Guayas, Expenitenciaría del Litoral y CRS Femenino.

La justicia es la búsqueda del bien común y el pilar de las sociedades que viven en democracia, sin embargo, en nuestro país, por décadas fuimos testigos silenciosos de cómo este concepto fue degradado y despojado de cualquier sentido social.

La justicia se convirtió en sinónimo de inequidad o en lujo de unos pocos que tenían capacidad adquisitiva o relaciones políticas. Por ello, el Gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el reto de repensar y transformar la justicia, recuperar sus principales fundamentos y ponerlos al servicios de todos y todas.

Así, en mayo del 2011 la inmensa mayoría de ecuatorianos le dijo SI al cambio, anhelando dejar atrás aquella justicia ficticia que era la muestra más clara de la injusticia. Y en septiembre del 2012, conforme lo aprobado en el referéndum del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), convocó a la Veeduría Ciudadana para el proceso de selección de los cinco integrantes con sus respectivos suplentes para la conformación del Consejo de la Judicatura.

Y ya con un sistema judicial renovado y eficaz, con jueces probos, delegados mediante procesos transparentes y concursos públicos de méritos y oposición y operadores de justicia capacitados, la seguridad ciudadana se fortalece, el trabajo policial es más efectivo y una verdadera rehabilitación social es posible.

Pero para complementar este logro hacía falta un cuerpo penal claro y cohesionado, que establezca un nuevo modelo de justicia penal, que supere la caduca dispersión normativa y tipifique las nuevas conductas delictivas de afectación nacional, regional e incluso global, en concordancia con el pacto constitucional y basado en el respeto de los derechos humanos.

Así, en agosto del 2014, tras un arduo debate con varios sectores sociales, entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y el mismo 2014 se puso punto final a un capítulo de desidia y abandono, y por primera vez se visibilizó a las y los internos que embodegados como cosas tras muros de olvido purgaban sus condenas.

Con recursos públicos y compromiso total, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, emprendió la transformación del sistema penitenciario del país.

Así, los miles de hombres y mujeres que fueron trasladados a los nuevos y modernos centros regionales de Rehabilitación Social de Guayas, Cotopaxi y Turi, en Azuay dejaron de ser el centro de la crónica roja para pasar a ser prioridad en los planes y políticas públicas del Estado.

Un nuevo cuerpo penal no solo garantiza la seguridad jurídica y ciudadana de nuestro país, beneficia a cientos de personas que fueron sentenciadas por posesión y tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad (mulas de la droga),  quienes tras la respectiva audiencia, el exhaustivo análisis y la decisión de los jueces de garantías penitenciarias han obtenido su libertad, tras el cumplimiento de sus sentencias de acuerdo a lo establecido en el COIP.

Todos estos actos democráticos simbolizan el compromiso del Gobierno Nacional para sentar las bases de respeto absoluto a los derechos fundamentales y de una nueva justicia.

Y en este reto, el quehacer de las instituciones que conforman la Mesa de Justicia es fundamental. Ahora es posible desarrollar un trabajo coordinado, con el absoluto respeto a la independencia de los ámbitos de acción de cada entidad.

Los resultados de estos esfuerzos ahora son visibles. Con la puesta en marcha de acciones conjuntas, se logró disminuir significativamente el número de audiencias fallidas, del 29% en el 2012 al 4% en el 2014, pero estas cifras pese a ser optimistas no nos conforman y nos planteamos como meta llegar a menos del 2% de audiencias fallidas en el 2017.

Respecto de la caducidad de la prisión preventiva, tenemos resultados gratificantes. Mientras en 2008 hubo mas de 2000 caducidades, seis años después cerramos con 10 caducidades que representan el 1%.

Sin duda y ante la decepción de unos pocos nostálgicos del pasado que aunque les duela no pueden negar que son evidentes los resultados de la transformación de los servicios judiciales, hoy en Ecuador todos y todas tenemos derechos, y eso es Justicia.

Los ecuatorianos somos los principales veedores de la consolidación de una nueva justicia

La justicia es la búsqueda del bien común y el pilar de las sociedades que viven en democracia, sin embargo, en nuestro país, por décadas fuimos testigos silenciosos de cómo este concepto fue degradado y despojado de cualquier sentido social.

La justicia se convirtió en sinónimo de inequidad o en lujo de unos pocos que tenían capacidad adquisitiva o relaciones políticas. Por ello, el Gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el reto de repensar y transformar la justicia, recuperar sus principales fundamentos y ponerlos al servicios de todos y todas.

Así, en mayo del 2011 la inmensa mayoría de ecuatorianos le dijo SI al cambio, anhelando dejar atrás aquella justicia ficticia que era la muestra más clara de la injusticia. Y en septiembre del 2012, conforme lo aprobado en el referéndum del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), convocó a la Veeduría Ciudadana para el proceso de selección de los cinco integrantes con sus respectivos suplentes para la conformación del Consejo de la Judicatura.

Y ya con un sistema judicial renovado y eficaz, con jueces probos, delegados mediante procesos transparentes y concursos públicos de méritos y oposición y operadores de justicia capacitados, la seguridad ciudadana se fortalece, el trabajo policial es más efectivo y una verdadera rehabilitación social es posible.

Pero para complementar este logro hacía falta un cuerpo penal claro y cohesionado, que establezca un nuevo modelo de justicia penal, que supere la caduca dispersión normativa y tipifique las nuevas conductas delictivas de afectación nacional, regional e incluso global, en concordancia con el pacto constitucional y basado en el respeto de los derechos humanos.

Así, en agosto del 2014, tras un arduo debate con varios sectores sociales, entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y el mismo 2014 se puso punto final a un capítulo de desidia y abandono, y por primera vez se visibilizó a las y los internos que embodegados como cosas tras muros de olvido purgaban sus condenas.

Con recursos públicos y compromiso total, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, emprendió la transformación del sistema penitenciario del país.

Así, los miles de hombres y mujeres que fueron trasladados a los nuevos y modernos centros regionales de Rehabilitación Social de Guayas, Cotopaxi y Turi, en Azuay dejaron de ser el centro de la crónica roja para pasar a ser prioridad en los planes y políticas públicas del Estado.

Un nuevo cuerpo penal no solo garantiza la seguridad jurídica y ciudadana de nuestro país, beneficia a cientos de personas que fueron sentenciadas por posesión y tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad (mulas de la droga),  quienes tras la respectiva audiencia, el exhaustivo análisis y la decisión de los jueces de garantías penitenciarias han obtenido su libertad, tras el cumplimiento de sus sentencias de acuerdo a lo establecido en el COIP.

Todos estos actos democráticos simbolizan el compromiso del Gobierno Nacional para sentar las bases de respeto absoluto a los derechos fundamentales y de una nueva justicia.

Y en este reto, el quehacer de las instituciones que conforman la Mesa de Justicia es fundamental. Ahora es posible desarrollar un trabajo coordinado, con el absoluto respeto a la independencia de los ámbitos de acción de cada entidad.

Los resultados de estos esfuerzos ahora son visibles. Con la puesta en marcha de acciones conjuntas, se logró disminuir significativamente el número de audiencias fallidas, del 29% en el 2012 al 4% en el 2014, pero estas cifras pese a ser optimistas no nos conforman y nos planteamos como meta llegar a menos del 2% de audiencias fallidas en el 2017.

Respecto de la caducidad de la prisión preventiva, tenemos resultados gratificantes. Mientras en 2008 hubo mas de 2000 caducidades, seis años después cerramos con 10 caducidades que representan el 1%.

Sin duda y ante la decepción de unos pocos nostálgicos del pasado que aunque les duela no pueden negar que son evidentes los resultados de la transformación de los servicios judiciales, hoy en Ecuador todos y todas tenemos derechos, y eso es Justicia.

El Estado ecuatoriano presentará ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), documento que recopila los resultados obtenidos tras la aplicación de políticas públicas de protección al derecho fundamental de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir libres de cualquier tipo de violencia.

Así se destacan las disposiciones constitucionales que establecen el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.

En la lucha contra la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar, el Ecuador tiene entre otros resultados positivos, la tipificación del femicidio, en el nuevo Código Orgánico integral Penal (COIP), iniciativa que no sólo busca sancionar a quienes cometen este delito, pretende, además, visibilizar una problemática recurrente e incluso ‘normalizada’, la violencia contra la mujer, por el simple hecho de su condición femenina.

El COIP también establece sanciones a los  delitos de violencia contra la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar con privación de libertad para los agresores.

En lo que se refiere a la participación política y pública de la mujer,  el Ecuador garantiza a las mujeres, en iguales condiciones con los hombres, el derecho a votar en elecciones, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la vida pública y política del país.

Respecto al acceso de niñas, adolescentes y mujeres a la educación, el país se ha comprometido a alcanzar para 2015 el 100% de matriculación en la educación básica, con los grupos de entre 5 y 14 años de edad.

Además, se promueve el acceso de la mujer a la educación superior, y la disminución de las brechas existentes, desde 2012, con la aplicación de becas que garantizar transparencia en la asignación de cupos.

Y se fortalecen los mecanismos de difusión y comunicación para incidir en la cantidad y calidad de postulaciones, promover el acceso de mujeres a carreras vinculadas con la ciencia y tecnología y su incorporación como profesoras e investigadoras en las instituciones de educación superior.

En salud, los esfuerzos del Estado ecuatoriano se centran en la salud sexual y reproductiva. Las estrategias y acciones para el mejoramiento de la salud materna provienen del Plan Nacional del Buen Vivir y del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, que integra los componentes normativos materno neonatal, la Guía para el parto culturalmente adecuado, la norma y Protocolo de Planificación Familiar, entre otros.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos lidera Plan de Erradicación de la Violencia de Género

Mediante Decreto No. 438, firmado por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, el pasado 27 de agosto del 2014, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asumió la coordinación y ejecución de la política pública que busca prevenir y erradicar la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres.

En este contexto, el pasado agosto del 2014, esta Cartera de Estado, suscribió convenios de cooperación con 19 Centros de Atención y Casas de Acogida a Víctimas, a través de esta red se brindaron 50.700 atenciones a mujeres y sus familias.

Para el 2015 y con una inversión aproximada de 3 millones de dólares, el Ministerio de Justicia amplia la Red de Atención integral para víctimas de violencia de género e intrafamiliar,  con la inclusión de seis centros y casas, acción que permite extender la atención médica, legal y psicosocial además de la asesoría a víctimas y posibles víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

A fin de cambiar los patrones culturales construir una sociedad en donde prime el respeto a los derechos, el Ministerio de Justicia lidera la campaña comunicacional “Infórmate, Habla, Actúa”. Su principal objetivo es generar espacios para que todos y todas:

-                Nos INFORMEMOS para reconocer e identificar situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas.

-                HABLEMOS de esta problemática social, para ayudar a que víctimas y posibles víctimas se reconozcan como tales, rompan el silencio y denuncien su situación.

-                ACTUEMOS frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

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Ecuador avanza hacia la igualdad y la no discriminación contra la mujer

El Estado ecuatoriano presentará ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), documento que recopila los resultados obtenidos tras la aplicación de políticas públicas de protección al derecho fundamental de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir libres de cualquier tipo de violencia.

Así se destacan las disposiciones constitucionales que establecen el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.

En la lucha contra la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar, el Ecuador tiene entre otros resultados positivos, la tipificación del femicidio, en el nuevo Código Orgánico integral Penal (COIP), iniciativa que no sólo busca sancionar a quienes cometen este delito, pretende, además, visibilizar una problemática recurrente e incluso ‘normalizada’, la violencia contra la mujer, por el simple hecho de su condición femenina.

El COIP también establece sanciones a los  delitos de violencia contra la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar con privación de libertad para los agresores.

En lo que se refiere a la participación política y pública de la mujer,  el Ecuador garantiza a las mujeres, en iguales condiciones con los hombres, el derecho a votar en elecciones, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la vida pública y política del país.

Respecto al acceso de niñas, adolescentes y mujeres a la educación, el país se ha comprometido a alcanzar para 2015 el 100% de matriculación en la educación básica, con los grupos de entre 5 y 14 años de edad.

Además, se promueve el acceso de la mujer a la educación superior, y la disminución de las brechas existentes, desde 2012, con la aplicación de becas que garantizar transparencia en la asignación de cupos.

Y se fortalecen los mecanismos de difusión y comunicación para incidir en la cantidad y calidad de postulaciones, promover el acceso de mujeres a carreras vinculadas con la ciencia y tecnología y su incorporación como profesoras e investigadoras en las instituciones de educación superior.

En salud, los esfuerzos del Estado ecuatoriano se centran en la salud sexual y reproductiva. Las estrategias y acciones para el mejoramiento de la salud materna provienen del Plan Nacional del Buen Vivir y del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, que integra los componentes normativos materno neonatal, la Guía para el parto culturalmente adecuado, la norma y Protocolo de Planificación Familiar, entre otros.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos lidera Plan de Erradicación de la Violencia de Género

Mediante Decreto No. 438, firmado por Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República, el pasado 27 de agosto del 2014, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asumió la coordinación y ejecución de la política pública que busca prevenir y erradicar la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres.

En este contexto, el pasado agosto del 2014, esta Cartera de Estado, suscribió convenios de cooperación con 19 Centros de Atención y Casas de Acogida a Víctimas, a través de esta red se brindaron 50.700 atenciones a mujeres y sus familias.

Para el 2015 y con una inversión aproximada de 3 millones de dólares, el Ministerio de Justicia amplia la Red de Atención integral para víctimas de violencia de género e intrafamiliar,  con la inclusión de seis centros y casas, acción que permite extender la atención médica, legal y psicosocial además de la asesoría a víctimas y posibles víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

A fin de cambiar los patrones culturales construir una sociedad en donde prime el respeto a los derechos, el Ministerio de Justicia lidera la campaña comunicacional “Infórmate, Habla, Actúa”. Su principal objetivo es generar espacios para que todos y todas:

-                Nos INFORMEMOS para reconocer e identificar situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas.

-                HABLEMOS de esta problemática social, para ayudar a que víctimas y posibles víctimas se reconozcan como tales, rompan el silencio y denuncien su situación.

-                ACTUEMOS frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Con 75 personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra, se inauguró el martes 10 de febrero del 2015, el curso de capacitación impartido por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (Setec). El objetivo es prepararles en el ámbito laboral para que apliquen sus conocimientos en la fase de reinserción social.

La instrucción inició con conocimientos básicos en temas de Seguridad Alimentaria, Mesero Polivalente (varios servicios) y Hospitalidad al Cliente. En cada temática participan 25 PPL, dos instructores y un coordinador general de área. Todos son servidores públicos del Setec.

Está previsto que el curso dure 160 horas y sea controlado por los responsables del área laboral del CRS de Ibarra, quienes monitorearán de forma permanente el desempeño de los internos y coordinarán junto a los facilitadores todo el proceso.

Para quienes aprendan el servicio de meseros durante el curso recibirán clases que incluyan la forma adecuada de servir a la mesa diversos platos, el uso de cubiertos, manteles, cristalería y otros utensilios. Asimismo, los protocolos de ubicación de mesas, sillas y el trato correcto al cliente.

capacitacion meseros

PPL de Ibarra se capacitan como meseros y en atención al cliente

Con 75 personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra, se inauguró el martes 10 de febrero del 2015, el curso de capacitación impartido por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (Setec). El objetivo es prepararles en el ámbito laboral para que apliquen sus conocimientos en la fase de reinserción social.

La instrucción inició con conocimientos básicos en temas de Seguridad Alimentaria, Mesero Polivalente (varios servicios) y Hospitalidad al Cliente. En cada temática participan 25 PPL, dos instructores y un coordinador general de área. Todos son servidores públicos del Setec.

Está previsto que el curso dure 160 horas y sea controlado por los responsables del área laboral del CRS de Ibarra, quienes monitorearán de forma permanente el desempeño de los internos y coordinarán junto a los facilitadores todo el proceso.

Para quienes aprendan el servicio de meseros durante el curso recibirán clases que incluyan la forma adecuada de servir a la mesa diversos platos, el uso de cubiertos, manteles, cristalería y otros utensilios. Asimismo, los protocolos de ubicación de mesas, sillas y el trato correcto al cliente.