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Ministerio de Justicia y empresa privada incentivan trabajo en talleres del CRS Guayas

El cumplimiento de la política Cero Ocio es fundamental dentro del proceso de rehabilitación, por ello el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la empresa privada generan oportunidades laborales a las personas privadas de libertad (PPL), en el taller de metalmecánica, donde los internos elaboran stickers.

Los stickers son parte de la campaña "Mira al Frente" que busca concienciar a la ciudadanía sobre el uso del celular al manejar, en reuniones o con la familia. 



En total son 100 mil stickers que deberán ser elaborados por las PPL, la primera entrega será de 2875 para el mes de febrero.


Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, señaló que existe un doble propósito en este trabajo. "Por un lado la participación de los internos en los talleres ocupacionales con miras a su rehabilitación y además aportan a una campaña de concienciación por medio del trabajo que realizan".

1685 personas se beneficiaron con aplicación del principio de favorabilidad


Desde el pasado 10 de agosto del 2014, fecha en la que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), se han beneficiado con la aplicación de la ley más favorable, 1685 personas, mismas que cumplían sentencia por delitos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad. Así lo informó este lunes 12 de enero de 2015, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Entre agosto del 2014 y lo que va de enero del 2015, se receptaron más de 2151 solicitudes, de estas, 1685 que representan el 78.33% recibieron resolución favorable, no así los pedidos efectuados por 354 (16.41%) personas que deberán culminar el cumplimiento de su sanción al interior de los centros de rehabilitación social (CRS). 112 requerimientos, es decir, el 5.26% esperan la audiencia para el análisis correspondiente.

Al respecto, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aclaró que las personas beneficiadas con la ley más benigna son aquellas conocidas como mulas de la droga, que fueron detenidas, procesadas y sentenciadas por cantidades mínimas de estupefacientes. “El 85% de casos beneficiados por la ley más benigna, fueron personas que cumplieron con las sentencias que estipula el COIP, es decir, pagaron sus sanciones, conforme el nuevo cuerpo legal vigente”.

Además señaló que es el juez de garantías penitenciarias, la autoridad competente para analizar cada caso y determinar si es pertinente o no la aplicación del principio de favorabilidad contemplado en la Constitución de la República.

“Para que las y los solicitantes puedan acceder a este beneficio legal, la autoridad competente realiza un análisis exhaustivo y la validación de cada caso y posteriormente se efectúa una audiencia convocada por un juez de garantías penitenciarias”, afirmó Ledy Zúñiga.

La Ministra informó además que actualmente el país cuenta con un 0.24% de hacinamiento penitenciario, cifra mínima que denota la profundidad de la transformación penitenciaria propuesta y liderada por el Gobierno Nacional y que permite poner en marcha procesos orientados a una efectiva rehabilitación y posterior reinserción de las personas privadas de libertad.

La funcionaria ministerial hizo estos anuncios en el marco de la Mesa de Justicia, que además analizó resoluciones respecto de contravenciones y delitos de tránsito.

El principio de favorabilidad está contemplado en la Constitución 2008 y otros instrumentos de derechos humanos
El artículo  77 numeral 5 de la Carta Política del Ecuador señala que “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”
Asimismo, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José también reconoce este beneficio legal. “(…) Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

Taller de metalmecánica integra a PPL del CRS Regional Cotopaxi


A través de la puesta en marcha de talleres laborales y actividades académicas, deportivas, lúdicas y recreacionales, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, fortalece las destrezas, habilidades y conocimientos de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen su fase de internamiento en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Cotopaxi.

Uno de los talleres que fomentan la capacitación permanente de PPL es el de metalmecánica, mismo que cuenta con una infraestructura adecuada y permite a los internos elaborar cubre ventanas, puertas, candelabros, faroles, etc., en jornadas de trabajo diario de 09:00 a 12:00  y de 14:00 a 17h00.

Para Galo S., interno del CRS, estas actividades les permiten capacitarse y acceder a un oficio digno y aún desde su internamiento pueden aportar a la economía de sus hogares.

“Pasamos el tiempo ocupados en los talleres, aprendemos cosas nuevas que nos van a servir cuando salgamos del centro, así no tendremos que volver a cometer ningún error”, afirmó Galo S.

Estas actividades forman parte del régimen ocupacional de las PPL, denominado “Cero Ocio”, que tiene como objetivo que las personas privadas de libertad dediquen su tiempo a varias actividades educativas, deportivas, culturales y laborales.

PPL del CRS Regional Guayas que aspiran acceder a educación superior recibieron capacitación


El plan piloto que oferta educación superior a distancia a las personas privadas de libertad (PPL) sigue su marcha, esto gracias a los convenios entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt), la universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y el Instituto Técnico Superior Simón Bolívar.

En primera instancia los aspirantes rindieron el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) de las 300 PPL que se presentaron, 207 aprobaron el examen con entre 601 y 1000 puntos, lo que los convirtió en ganadores de becas otorgadas por la UCSG y el Instituto Técnico Superior Simón Bolívar.

Ahora, el siguiente paso es que escojan la carrera que van seguir bajo la modalidad a distancia. Las  opciones son: Derecho, Administración, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Desarrollo Urbano, Hotelería y Turismo, Marketing e Ingeniería Mecánica. Para ello este lunes 12 de enero de 2015, expertos vocacionales dieron capacitación a los internos.

Durante esta jornada,  los técnicos explicaron a las PPL que iniciarán sus estudios universitarios, la metodología, las tutorías presenciales, el perfil de egreso de acuerdo a la carrera escogida, y temas ocupacionales. 

De ésta forma se da cumplimiento al eje de educación señalado en el artículo 704 del Código Orgánico  Integral Penal (COIP) que estipula: 
“El Sistema de Rehabilitación Social promoverá la educación superior y técnica a través de la suscripción de convenios con institutos o universidades públicas o privadas. Los convenios garantizarán que la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que es preciso, la metodología pedagógica a las circunstancias propias de los regímenes de privación de libertad”

El 2014 fue el año de la transformación penitenciaria

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como responsable del Sistema de Rehabilitación Social del país, asumió el reto de transformar la infraestructura penitenciaria y aplicar un nuevo modelo de gestión, con el objetivo de dignificar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL), que por orden judicial cumplen alguna medida privativa de libertad y garantizar su efectiva reinserción.

Para ello, con una inversión de 200 millones de dólares se construyeron tres centros de rehabilitación social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay, nueva infraestructura que alberga a cerca del 50% de la población penitenciaria nacional. 

Además, con la aplicación del Modelo de Gestión Penitenciaria, en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se pretende democratizar las relaciones de convivencia al interior de los CRS. Así, el Estado cubre las necesidades básicas de las PPL en cuanto a salud, alimentación, vestimenta, cultura, educación, deportes y recreación.

En 2014 se consolidó un nuevo concepto de seguridad penitenciaria



Durante el 2014 se capacitó al personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, responsable de la seguridad interna de los centros de rehabilitación social, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y la Escuela Penitenciaria Nacional de la República de  Francia. La seguridad externa de los Centros, está garantizada  con el apoyo de 1.120 servidores policiales. 


Tras un proceso de preparación, se conformó el primer grupo especializado de guías caniles, resultado del trabajo interinstitucional efectuado por los ministerios de Justicia e Interior y la Policía Nacional.

Junto al Consejo de la Judicatura se puso en marcha el proyecto de audiencias virtuales, iniciativa que permite receptar versiones y testimonios de las personas privadas de libertad sin necesidad de que éstas abandonen los centros penitenciarios, lo que disminuye el riesgo de fuga y asegura su comparecencia en las diligencias judiciales.

Los controles de seguridad con los que cuentan los Centros Regionales, están conformados con máquinas rayos X para el registro de personas y vehículos, arcos y sillas detectoras de metales, escáneres de personas de onda milimétrica, equipos de alta tecnología que no ponen en riesgo la salud de los visitantes y servidores, además impiden el ingreso de objetos ilícitos como droga, armas, celulares, dinero, licor, etc.

Nuevo sistema penitenciario garantiza el acceso a la salud a todas las PPL


Con decisión política, el Gobierno Nacional dejó atrás la época en la que el acceso a servicios de salud era un privilegio al que pocas personas privadas de libertad podían aspirar. Ahora, a través de los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de Salud Pública, este derecho constitucional asume un carácter integral y está orientado a la prevención y a la curación.

A partir de junio del 2014, la Cartera de Salud asume la total competencia para la provisión de servicios de salud y atención médica a las personas privadas de libertad (PPL), así como el abastecimiento y el stock de medicamentos.


Para tomar esta responsabilidad, el Ministerio de Salud desarrolla y aplica el modelo de gestión de servicios de salud en contextos penitenciarios, con el propósito de garantizar el acceso al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, así como la puesta en funcionamiento y evaluación de este servicio, al interior de los centros de privación de libertad

Con la puesta en marcha de unidades de salud al interior de los centros de rehabilitación social regionales, se efectuaron cerca de 400 cirugías de baja y mediana complejidad, se atendieron más de 30 mil consultas ambulatorias y se evitaron cerca de 3.500 traslados de personas privadas de libertad a clínicas y hospitales. 

Esta iniciativa se contempla en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permite mejorar la atención médica, desarrollar políticas de protección para la población penitenciaria y reforzar los niveles de seguridad tanto al interior de los CRS como la seguridad ciudadana.

Educación, cultura y deporte, ejes fundamentales para una verdadera rehabilitación social


El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos asume la responsabilidad de implementar un nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, con la aplicación de mecanismos, que garanticen a las personas que cumplen su internamiento acceder a procesos que aporten a su rehabilitación.

Este año, 600 internas e internos aspiran iniciar sus estudios universitarios, por ello rindieron el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES). 753 personas privadas de libertad participan en procesos de alfabetización, 4.072 en forman parte de programas de Educación General Básica, y 807 cursan el Bachillerato. Estas cifras denotan un incremento del 15% de personas privadas de libertad que acceden a la educación, en comparación al año 2013. 

La cultura es parte de los procesos de rehabilitación de las PPL. A través de la danza, el teatro, la música, la literatura, el dibujo, la pintura y demás expresiones artísticas se promueve la sensibilización de las y los internos, actividades que además les han permitido descubrir su creatividad y vocación y en muchos de los casos, ven en ellas una alternativa para su reinserción social y laboral.

Mediante el deporte y la recreación se promueve en las personas privadas de libertad estilos saludables de vida. Para ello se cuenta con el apoyo del Ministerio del Deporte que a través del programa “Ejercítate Ecuador”, impulsa jornadas deportivas en los centros de Rehabilitación Social con el objetivo de que las PPL incluyan la actividad física en sus procesos de rehabilitación.

Estas actividades están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en el Modelo de Gestión Penitenciaria que impulsa el Ministerio de Justicia, a fin de poner al alcance de las personas privadas de libertad procesos rehabilitadores y multidisciplinarios, sin privilegios y con absoluta intolerancia a la corrupción que garanticen su efectiva reinserción y con ello la reducción de la reincidencia delictiva, así como el fortalecimiento de la protección integral de la ciudadanía.

Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria fortalece el vínculo familiar de las PPL


El apoyo permanente de familiares es fundamental al momento de aplicar los distintos ejes de tratamiento penitenciario, por ello el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos busca fortalecer las relaciones afectivas y los vínculos familiares de las personas privadas de libertad.
Hoy en día familiares y allegados visitan a las y los internos en espacios exclusivos y dignos donde fortalecer su vínculo afectivo. Quedó atrás aquella época caracterizada por problemas como la venta de turnos, inseguridad, extorsión, maltrato y falta de servicios.

A fin de regular el ingreso de las visitas a los CRS, cada privado de libertad define una lista de máximo 10 personas que lo pueden visitar mientras cumpla la pena privativa de libertad. A este listado también puede adicionarse otra persona más como parte de las visitas conyugales.
Las salas de visitas están equipadas con mobiliario para que familiares realicen su ingreso y demás trámites en un espacio que brinda comodidad. Cuentan con módulos para atención a la ciudadanía, trabajo social, recepción de documentos y registro de depósitos para el economato.
Además, se incluyen las ludotecas, espacios dignos de educación y recreación para hijos e hijas de las PPL, iniciativa conjunta de los ministerios de Justicia e Inclusión Social y que pone al alcance de las y los menores profesionales en psicología, pedagogía, parvularia y trabajo social.
Este esfuerzo gubernamental brinda atención integral a familiares de las PPL y fortalece sus vínculos afectivos, y, permite además erradicar las redes de prostitución, corrupción y microtráfico que por años lucraron del sistema penitenciario.

Durante el 2014 el Ecuador cumplió con sentencias dispuestas por la CorteIDH



A decir de Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estado ecuatoriano es muy respetuoso de la seriedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, representado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Hemos cumplido con las sentencias emitidas por la CorteIDH, consideramos que las únicas resoluciones de carácter resolutivo y de obligatorio cumplimiento, justamente son aquellas dispuestas por este organismo”.

Por ello, y en un solemne acto histórico, el pasado 01 de octubre, la titular de Justicia, pidió disculpas públicas a nombre del Estado ecuatoriano, al Pueblo Originario Quichua de Sarayaku, en respuesta a la violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural, violación del derecho a la consulta, por haber puesto, gravemente, en riesgo la vida e integridad personal; y, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los mismos que se suscitaron entre los años 1996 y 2005, período que permaneció en territorio la empresa que generó estos daños.

“Más allá de que los hechos que vulneraron al Pueblo Sarayaku no fueron cometidos en nuestro Gobierno, como Estado acudimos al territorio de este pueblo originario y en un hecho histórico presentamos las disculpas públicas,  no solo por una razón de responsabilidad, sino por la convicción de que nuestra labor es consolidar en nuestro país la justicia y equidad y como una muestra más de nuestro firme compromiso con la vigencia de los Derechos Humanos en el Ecuador”, aseveró Zúñiga.

Otros compromisos cumplidos por el Estado ecuatoriano durante el 2014

-       El caso Quintana Coello y otros vs. Ecuador

Se refiere al cese de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, realizado por el Congreso Nacional, el 8 de diciembre del 2004, lo cual implicó la responsabilidad internacional de la República del Ecuador por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y estabilidad en el cargo de los magistrados.

Por ello y tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Quintana Coello y otros vs. Ecuador, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cumplió con la reparación por el daño cometido en contra de los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia.

-       Reparación a víctimas por las afectaciones generadas por fumigaciones con glifosato

Entre los años 2001 y 2007, el Gobierno de Colombia desarrolló una serie de actividades antinarcóticos en la frontera que comparte con el Ecuador. En ese contexto, y sin el más mínimo consentimiento nacional, aeronaves colombianas fumigaron centenas de kilómetros de franja de frontera común con herbicidas tóxicos, entre ellos el glifosato. Existen casi 4000 afectados registrados principalmente en las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas.

La ministra Ledy Zúñiga acudió a la parroquia 05 de Agosto de Sucumbíos donde se reunió con cientos de moradores de la frontera norte, para informar sobre el proceso de reparación.

Además, se firmó un convenio con el Banco Nacional de Fomento (BNF) que a través de su red de agencias y sucursales para la entrega de estos recursos.

Ministerio de Justicia genera mecanismos de protección de derechos

En cumplimento de los compromisos, voluntariamente, adquiridos por el Estado ecuatoriano, ante el Consejo de Derechos Humanos, durante la Evaluación Periódica Universal de 2012, se creó la plataforma virtual SIDERECHOS, que permite democratizar y ampliar el conocimiento sobre derechos humanos para todos y todas.

El Ministerio trabaja en la difusión masiva de los derechos fundamentales, y brinda atención  a la ciudadanía a través de tres oficinas a escala nacional, las cuales están organizadas regionalmente en Quito, Azogues y Guayaquil. Así también las acciones llegan a todo el país a través de las ferias ciudadanas y los gabinetes itinerantes, convocados desde la Presidencia de la República y los gabinetes provinciales. A través de estos espacios se atendieron aproximadamente  8 179 casos (asesoría legal y psicológica).

Además se fortalece la coordinación interinstitucional para la aplicación y seguimiento de la política pública que busca proteger de manera integral a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

En 2014 los centros y casas de acogida a víctimas de violencia de género brindaron más de 50 mil atenciones



Mediante el Decreto Presidencial No. 438, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asumió la coordinación y ejecución de la política pública que busca prevenir y erradicar la violencia que afecta a la niñez, adolescencia y mujeres, así como la presidencia del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, conformado además por los ministerios del Interior, Salud, Inclusión y de Educación, además de los Consejos Nacionales para la Equidad de Género e Intergeneracional.
Para Ledy Zúñiga Rocha, titular de la Cartera de Justicia, esta decisión política ratifica el compromiso planteado por el Gobierno Nacional de proteger el derecho fundamental de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir libres de cualquier tipo de violencia.

“Asumimos el reto de consolidar la  mayor de las revoluciones en nuestro país, lograr que mujeres y hombres podamos hacer uso de nuestros derechos de forma equitativa”.
La violencia de género es abordada decididamente por el Ecuador, en este sentido, la Cartera de Justicia presenta entre otros resultados positivos, la suscripción de convenios de cooperación con 19 Centros de Atención y Casas de Acogida a Víctimas, a través de esta red se brindaron 50.700 atenciones a mujeres y sus familias. 
Además, las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, firmaron el Compromiso Interinstitucional para la Erradicación de la Violencia de Género. “Asumimos el desafío de erradicar la violencia, para que todos y todas vivamos en un ambiente de paz. El compromiso interinstitucional es indispensable en esta lucha diaria”, señaló Zúñiga Rocha.
Lucha ecuatoriana por la equidad de género es reconocida internacionalmente
El esfuerzo del Gobierno ecuatoriano fue reconocido por el Foro Económico Mundial (FEM), que ubicó al Ecuador como el segundo país de la Región en reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.
“Estos logros se alcanzaron gracias a la decisión política de un Gobierno comprometido con la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos y todas  y convencido de que es posible consolidar al Ecuador como un país libre de violencia de género e intrafamiliar donde en las mismas condiciones, mujeres y hombres nos desarrollemos plenamente”, afirmó la titular de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Entre agosto y diciembre del 2014, 1450 personas se beneficiaron de la ley más favorable


Desde el pasado 10 de agosto del 2014, el Ecuador cuenta con un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca fortalecer el sistema judicial, proteger a las víctimas y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Dicho cuerpo legal establece en su artículo 5 numeral 2 el principio de favorabilidad. “En caso de conflicto entre dos normas .de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”

Por ello, entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre del 2014, se receptaron cerca de 1700 solicitudes de personas que fueron sentenciadas por delitos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias, en mínima y mediana cantidad, de estas, 1450 recibieron resolución favorable y se beneficiaron con la aplicación de la ley más favorable, no así 244 personas que deberán culminar el cumplimiento de su sanción al interior de los centros de rehabilitación social (CRS).

Al respecto, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aclaró que las personas beneficiadas con la ley más benigna son aquellas conocidas como mulas de la droga, usuarias y consumidoras. Además señaló que es el juez de garantías penitenciarias, la autoridad competente para analizar cada caso y determinar si es pertinente o no la aplicación del principio de favorabilidad contemplado en la Constitución de la República.

“Para que las y los solicitantes puedan acceder a este beneficio legal, la autoridad competente realiza un análisis exhaustivo y la validación de cada caso y posteriormente se efectúa una audiencia convocada por un juez de garantías penitenciarias”, afirmó Ledy Zúñiga.

La Ministra considera que con la aplicación del COIP, el Ecuador atraviesa un cambio histórico que ha permitido fortalecer la seguridad y el acceso a los servicios de justicia y reducir los niveles de impunidad.

“Durante estos ocho años de Revolución Ciudadana se trabajó por la transformación de la realidad penitenciaria del país y ahora puedo afirmar que lo hemos logrado. Por primera vez en la historia tenemos un hacinamiento del 0.24%, cifra que denota el compromiso gubernamental con la dignificación de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL) y con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, señaló Zúñiga Rocha.

Ledy Zúñiga informó además que con la puesta en marcha de los tres CRS regionales ubicados en Guayas, Cotopaxi y Azuay, además de la reconstrucción de la Expenitenciaría del Litoral, el Gobierno Nacional logró disminuir la sobrepoblación que existía en los centros penitenciarios. “Durante el 2014 alcanzamos nuestro primer desafío, eliminar el hacinamiento, este 2015 trabajaremos por un reto mayor, consolidar la aplicación de verdaderos procesos de rehabilitación que permitan una efectiva reinserción en todos los ámbitos para las y los internos”

El principio de favorabilidad está contemplado en la Constitución 2008 y otros instrumentos internaionales de derechos humanos
El artículo  77 numeral 5 de la Carta Política del Ecuador señala que “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”
Asimismo, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José también reconoce este beneficio legal. “(…) Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

Rendición de Cuentas 2014

Violencia de Género

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