A decir de Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, el Estado ecuatoriano es muy respetuoso de la
seriedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, representado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Hemos cumplido con las sentencias emitidas por la
CorteIDH, consideramos que las únicas resoluciones de carácter resolutivo y de
obligatorio cumplimiento, justamente son aquellas dispuestas por este organismo”.
Por ello, y en un solemne acto histórico, el pasado 01 de
octubre, la titular de Justicia, pidió disculpas públicas a nombre del Estado
ecuatoriano, al Pueblo Originario Quichua de Sarayaku, en respuesta a la
violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural,
violación del derecho a la consulta, por haber puesto, gravemente, en riesgo la
vida e integridad personal; y, por la violación de los derechos a las garantías
judiciales y protección judicial, los mismos que se suscitaron entre los años
1996 y 2005, período que permaneció en territorio la empresa que generó estos
daños.
“Más allá de que los hechos que vulneraron al Pueblo
Sarayaku no fueron cometidos en nuestro Gobierno, como Estado acudimos al
territorio de este pueblo originario y en un hecho histórico presentamos las
disculpas públicas, no solo por una
razón de responsabilidad, sino por la convicción de que nuestra labor es
consolidar en nuestro país la justicia y equidad y como una muestra más de
nuestro firme compromiso con la vigencia de los Derechos Humanos en el Ecuador”,
aseveró Zúñiga.
Otros compromisos cumplidos por el Estado ecuatoriano
durante el 2014
- El caso Quintana Coello y
otros vs. Ecuador
Se refiere al cese de todos los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, realizado por el Congreso Nacional, el 8 de diciembre del
2004, lo cual implicó la responsabilidad internacional de la República del Ecuador
por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales, la protección
judicial y estabilidad en el cargo de los magistrados.
Por ello y tras la sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Quintana Coello y otros vs.
Ecuador, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cumplió con la
reparación por el daño cometido en contra de los ex jueces de la Corte Suprema
de Justicia.
- Reparación a víctimas por las
afectaciones generadas por fumigaciones con glifosato
Entre los años 2001 y 2007, el Gobierno de Colombia
desarrolló una serie de actividades antinarcóticos en la frontera que comparte
con el Ecuador. En ese contexto, y sin el más mínimo consentimiento nacional,
aeronaves colombianas fumigaron centenas de kilómetros de franja de frontera
común con herbicidas tóxicos, entre ellos el glifosato. Existen casi 4000
afectados registrados principalmente en las provincias de Sucumbíos y
Esmeraldas.
La ministra Ledy Zúñiga acudió a la parroquia 05 de Agosto
de Sucumbíos donde se reunió con cientos de moradores de la frontera norte, para
informar sobre el proceso de reparación.
Además, se firmó un convenio con el Banco Nacional de
Fomento (BNF) que a través de su red de agencias y sucursales para la entrega
de estos recursos.
Ministerio de Justicia genera mecanismos de protección de
derechos
En cumplimento de los compromisos, voluntariamente,
adquiridos por el Estado ecuatoriano, ante el Consejo de Derechos Humanos,
durante la Evaluación Periódica Universal de 2012, se creó la plataforma
virtual SIDERECHOS, que permite democratizar y ampliar el conocimiento sobre
derechos humanos para todos y todas.
El Ministerio trabaja en la difusión masiva de los
derechos fundamentales, y brinda atención
a la ciudadanía a través de tres oficinas a escala nacional, las cuales
están organizadas regionalmente en Quito, Azogues y Guayaquil. Así también las
acciones llegan a todo el país a través de las ferias ciudadanas y los
gabinetes itinerantes, convocados desde la Presidencia de la República y los
gabinetes provinciales. A través de estos espacios se atendieron
aproximadamente 8 179 casos (asesoría
legal y psicológica).
Además
se fortalece la coordinación interinstitucional para la aplicación y
seguimiento de la política pública que busca proteger de manera integral a los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
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