El Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, como responsable del Sistema de Rehabilitación
Social del país, asumió el reto de transformar la infraestructura penitenciaria
y aplicar un nuevo modelo de gestión, con el objetivo de dignificar las
condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL), que por orden
judicial cumplen alguna medida privativa de libertad y garantizar su efectiva reinserción.
Para ello, con una inversión
de 200 millones de dólares se construyeron tres centros de rehabilitación
social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay, nueva infraestructura que
alberga a cerca del 50% de la población penitenciaria nacional.
Además, con la aplicación
del Modelo de Gestión Penitenciaria, en concordancia con el Código Orgánico
Integral Penal (COIP) se pretende democratizar las relaciones de convivencia al
interior de los CRS. Así, el Estado cubre las necesidades básicas de las PPL en
cuanto a salud, alimentación, vestimenta, cultura, educación, deportes y
recreación.
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